Se pregunta Rafael:
ESTO ES DEMENCIAL
Montoro dice; No revisaremos previamente los presupuestos de las comunidades, pero si superan el déficit establecido habrá sanciones. ¿A quién? Como siempre ven lógico sancionarnos económicamente a las personas de esa comunidad, pero no a los culpables.
Otra vez los tribunales condenan al Estado español a indemnizar a una profesora de religión por haberla despedido el Obispado arbitrariamente. Por supuesto cobraba del Estado (Aconfesional). El Obispo afirma que no la readmitirá, y como siempre pagaremos nosotros.
La C.A.M. con engaños ha dejado sin sus ahorros a mucha gente. Entre los chanchullos de la Generalitat y la Dirección de la caja (Amiguetes) han hundido la Caja de Ahorros más emblemática de Alicante, los responsables de la Caja además de unos sueldos altísimos se han blindado el fin de contrato con millones de euros que no han tenido apuro en cobrar. No han devuelto ni un euro, ni hay nadie en la cárcel. Como siempre nosotros pagamos.
Alcaldes y concejales se meten una y otra vez en juicios alegremente porque cuando pierden los costes los paga el consistorio. Y siempre así, todos los culpables libres y nosotros pagando.
Da la impresión de que en el pensamiento de nuestros dirigentes; Políticos, jueces, etc. no entra el que ningún responsable tenga que pagar por sus desmanes, consideran al estado responsable civil subsidiario de todo, y el dinero del estado sale de nuestros bolsillos.
Rafael
1 comentario:
… y es que, cuando salen a la luz asuntos como los de la profesora despedida, nos damos cuenta, o nos hace recordar, la normativa o legislación vigente que es en la que se basan los hechos.
Los profesores de religión en los colegios públicos los selecciona, nombra, cambia y despide la Iglesia, pero los sueldos, y otros derechos, como indemnizaciones si las hubiere como en este caso, son a cuenta de Hacienda.
Esto ya está mal planteado de principio, pero si vamos más allá, el origen de esta y otras situaciones similares es el mantenimiento del Acuerdo del Estado español con la Santa Sede, que el anterior gobierno se comprometió a no renovar en la fecha de caducidad, y no se atrevió.
Ahora nos rasgamos las vestiduras porque tenemos que pagar, pero así está establecido, y no nos las rasgamos cuando sabemos que existe esa ley y no hacemos por revocarla.
La Constitución Española (art.16,3) establece el principio de aconfesionalidad, aunque con ciertos matices, ya que añade “… [el Estado español]… está obligado a cooperar con las distintas confesiones y muy en particular con la Iglesia católica”.
Aconfesionalidad no significa laicismo. Para ello habría que modificar la Constitución actualmente vigente, y según parece solo se modifica para ciertos asuntos económicos y de forma urgente por presuntas presiones europeas, pero hasta ahora ninguno de los gobiernos democráticos españoles se ha atrevido a proponer su modificación en temas más importantes como las Autonomías, la Monarquía, o el laicismo estatal, entre otros. Ya han transcurrido más de treinta años desde su promulgación, y conviene y procede su actualización a las circunstancias actuales del país.
Si esto se llevara a cabo, muchas cosas que a muchos nos duelen se modificarían automáticamente como consecuencia de su obligada aplicación.
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