Está suficientemente demostrado que los seres humanos (en
adelante SH) de mayor edad y los que padecen otras patologías son los que
constituyen la población de riesgo frente a la covid19, entendiendo este
término no como la población más susceptible de contagio sino como la que una
vez contagiada tiene muchísimas más probabilidades de no poder superar la
enfermedad, entre otras cosas porque el proceso de curación en UCIs requiere unas
actuaciones muy invasivas soportables por los SH jóvenes y sanos y no así por los “mayores”
o por los enfermos crónicos.
En el momento más álgido de la pandemia, las UCIs se saturaron,
es decir mayor número de enfermos que camas de UCI, de manera que los SH responsables de estos
servicios tan fundamentales se encontraron, frecuentemente, con la dolorosa tesitura
de tener que decidir a quién instalaban en una “cama de UCI” y a quienes
dejaban en la estacada. El sentido común apuntaba por favorecer a quienes tenían mayores probabilidades de salir adelante, y tras
la decisión tenían que informar a los familiares
de las víctimas uniendo su propio dolor al de las familias.
Algunas Comunidades Autónomas por una parte han privatizado hospitales y por otra recortado el
presupuesto en sanidad, y provocando el cierre de camas de UCI, actuaciones que
provocan insuficiencia para atender las necesidades del día a día cuanto menos
para atender lo que nos ha caído.
Hay quien ha comparado la lucha contra el coronavirus
como una guerra, si es así el Ministerio de Sanidad debería de tener algunos
aspectos como el Ministerio de Defensa. Me explico España no está en guerra
contra nadie, pero el Ministerio de Defensa
tiene un presupuesto anual importante,
que yo sepa no ha sufrido recortes, y todo el presupuesto se invierte en
material y preparación de su personal sencillamente
para prevenir hipotéticas guerras.
Resumiendo: Para que los SH de población de riesgo y personal sanitario de UCIs no vuelvan jamás
a ser protagonistas en el proceso del sorteo de camas de UCI, el presupuesto económico
para sanidad de cada Comunidad Autónoma deberá
constar de dos partidas la de sanidad ordinaria y la de sanidad de “guerra” o
preventiva